El día 31 de octubre del pasado año, se publicó a noticia de que el Gobierno autorizaba matrimonios y divorcios ante notario a través de una reforma del Código Civil que incluye la futura Ley de Jurisdicción Voluntaria.
Todo ello supondrá 95 euros por cada enlace, siempre y cuando no existan menores de por medio y se produzca de mutuo acuerdo entre la pareja, ya que se tratan de casos en los que el convenio regulador no contempla la intervención del fiscal.
Dicha noticia fue anunciada por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien aseguraba que esta medida tiene el objetivo de agilizar las lista de espera del Registro Civil, siendo un gasto asumible dentro del coste general de lo que supone celebrar una boda.
Éste explicó que no se trata de una privatización, sino de un servicio público nuevo, que, como el resto de servicios públicos, no puede tener ningún coste, o bien estar sujeto a un precio determinado. Así pues, también añadió que los 95 euros que supone, es un precio inferior al que otros ayuntamientos proponían, ya que están en libertad de fijar dichas tasas.